En 17 puntos desmontan las falacias
que el Gobierno difunde para convencer a la población de que el gasto de la
Seguridad Social es un despilfarro, escondiendo las carencias de políticas de
empleo, la falta de ingresos y una fiscalidad desigual.
Los
economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto
de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por
el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con
base en él pretende acometer el PP. Los ciudadanos deben saber que
reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis
económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que
se está llevando a cabo.
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LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.
Pensamos que
la manera de plantear un problema condiciona su solución. La sostenibilidad del
sistema público de pensiones se ha planteado siempre, en unos casos por ignorancia
y en otros por intereses espurios, de la peor forma posible. Se ha
tratado como un problema técnico cuando es un problema político. Se ha
querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios, cuando en
realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se pretende que
creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones depende de
“cuántos son los que producen”, cuando la variable importante es “cuánto se
produce”....
Conscientes de que se trata de un problema político y no económico, consideramos que nuestro papel debe centrarse únicamente en desenmascarar los intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas ideológicas previamente tomadas.
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Hace ya muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del sistema público de pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales, demandando su sustitución por planes privados, hasta los medianamente posibilistas, que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un ejemplo, allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios, expertos, técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad, querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más bien inviabilidad, del sistema público. Trabajaron durante veinte meses para llegar a la conclusión de la imposibilidad de mantener el sistema público si no se reformaba. Una vez más se empleó la expresión quiebra de la Seguridad Social. El resultado de sus cálculos, que fueron facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB. ¿Cataclismo?, ¿quiebra? “Será incompatible con Maastricht”. Lo cierto es que el año 2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. De hecho, se registró un superávit del 0,4%.
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Documento elaborado por: Francisco Álvarez Molina, Lourdes Benería, Francisco Javier
Braña Pino, Cristina Carrasco, Agusti Colom, Fernando Esteve Mora, Miren
Etxezarreta, Ramón Franquesa, Alberto Garzón, Antonio González González,
Adoración Guamán, Héctor Illueca, Juan López Gandía, Juan Francisco Martín
Seco, José Luis Monereo, Pedro Montes, Rafael Muñoz de Bustillo, Vicenç
Navarro, Juan Torres, Carlos Ochando, Albert Recio, Julio Rodríguez y Amat
Sánchez.
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