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Ley de Reforma de la
Administración Local
¿De
verdad es tan alarmante la ley de reforma de los ayuntamientos que quiere
aprobar el PP?
Sí, porque esta reforma
que quiere imponer el PP, con la oposición de todos los demás partidos, va a truncar
la labor de los ayuntamientos -la administración más cercana al ciudadano/a- impidiéndoles
la prestación de toda una serie de servicios que están cubriendo en estos
momentos y que -en no pocos casos- supone una verdadera labor de auxilio ante
la situación de emergencia en que se encuentran muchas familias debida a la
situación económica, al paro y a los abundantes recortes en prestaciones
sociales decretados por el actual Gobierno del PP.
¿Por qué?
Porque lo que hace el
proyecto de ley que pretenden aprobar es cercenar la autonomía de los
ayuntamientos y su capacidad de gobierno, pudiendo perder la mayoría de sus competencias,
sobre todo los pequeños municipios como es el caso de Carcabuey, cuyos
representantes se eligen democráticamente, para trasvasarlas a esa
administración anacrónica que constituyen las Diputaciones, más opacas e
ineficientes que los ayuntamientos y que no cuentan con la representación
democrática directa que estos tienen. Pero, además, como los entes provinciales
no podrán atender todos los servicios de todos los municipios que se les puedan
encomendar, lo que harán será privatizarlos, verdadero objetivo de la ley.
Y esto ¿a santo de qué?
En contra de lo que preconiza,
la verdadera intención de la ley no es la de racionalizar el gasto –eso se
podría hacer de otra forma-. El objetivo es, como decimos, el de trasvasar a
las manos privadas de unas pocas grandes empresas los servicios públicos que,
de seguirse esta senda, serán cada vez menos, de peor calidad y más caros para la
población.
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¿Son los ayuntamientos ineficientes y suprimibles?
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Hoy nadie discute
que los ayuntamientos constituyen la administración pública que, por ser la más
cercana al ciudadano, es la mejor gestionada y que mejor atiende las
necesidades directas de los ciudadanos. ¿Entonces por qué se quiere usurpar de
un plumazo el poder local, cuando este poder, esta autonomía de los
ayuntamientos –aún con sus carencias de financiación- ha supuesto un logro
democrático por todos reconocido?
Es cierto que la
corrupción ha existido tentando y manchando a muchos ediles en ayuntamientos
–como en otros ámbitos de la Administración Pública- de distintos lugares de
nuestra geografía, pero no han sido ni la autonomía local, ni el actual modelo institucional
de municipio los causantes de la misma, sino la falta controles democráticos y
el propio modelo de crecimiento económico que generó una cultura de “todo vale”
para el enriquecimiento rápido, favorecido por unas leyes de suelo que, en ese
contexto propiciaron una verdadera “fiebre del oro”.
¿Son los pequeños ayuntamientos despilfarradores y
generadores de déficit?
En modo alguno puede
justificarse esta ley en razón del déficit presupuestario, ya que de los más de
8 000 ayuntamientos españoles, sólo 400 tienen problemas de déficit, y todos ellos
de grandes o medianas ciudades -con Madrid a la cabeza en cuanto a deuda- y no
de las pequeñas poblaciones que son las que de un modo más virulento van a
verse afectadas con esta reforma.
¿Qué consecuencias tendría la aprobación de esa ley?
Su entrada en vigor
y aplicación en toda su amplitud tendrá importantes consecuencias en cuanto a
la pérdida de miles de puestos de trabajo público, de los cuales sólo una parte
será reabsorbida por empresas privadas, y con peores salarios y empleos de
mucha peor calidad para los trabajadores. Un golpe especialmente duro en el
mundo rural, donde sus efectos podrían ser demoledores, seguramente avocándole a
un nuevo éxodo como el que sufrimos durante los años 50 y 60 del pasado siglo,
puesto que para muchos pequeños pueblos y aldeas el ayuntamiento constituye su
principal motor económico y el trasvase en la prestación de importantes
servicios hacia grandes empresas de fuera -que serán las únicas que podrán
afrontar los precios efectivos que el gobierno establezca- tendrá repercusiones
muy negativas sobre su economía y empleo. Una repercusión que -salvando las
distancias- podría equipararse a la que ocasionan las grandes superficies sobre
el pequeño comercio.
¿Qué otros efectos causará?
No sólo son los
ayuntamientos los que salen malparados con esta ley, sino que también son
importantes sus daños “colaterales” que, bajo el pretexto de acabar con
duplicidades e indefinición de competencias, ocasiona contra la estructura institucional
y democrática del Estado. En concreto, colisiona contra nuestro Estatuto de
Autonomía, democráticamente aprobado por los andaluces/zas, y nos empuja por la
senda del retroceso hacia el modelo preconstitucional de un Estado
re-centralizado y con una limitada representación y garantías democráticas.
Entonces ¿cuál es la verdadera intencionalidad de esta
reforma?
En realidad, lo que en
el fondo está haciendo el PP no es sino aprovechar la oportunidad de la crisis y
su mayoría absoluta para poner en práctica una de las grandes aspiraciones del
neoliberalismo que habían ocultado o camuflado en su programa: la debilitación
al máximo del Estado para que sean los mercados los que impongan su ley, cuyas
consecuencias son la privatización de los servicios públicos, la concentración
de la riqueza en menos manos, menos derechos para los ciudadanos/as y menos
democracia.
Si lo que se querían
era dar un golpe de muerte al Estado de Bienestar -o de “medio estar”- que
hemos tenido, no podrían hacerlo sin atar de pies y manos previamente a la
administración local, impidiéndole continuar con la función social de
prestación de servicios que hasta ahora han venido desempeñando.
Las proclamadas
políticas de racionalización y sostenibilidad sólo son, en este marco, la coartada
perfecta para acometer la involución en la que quieren sumirnos, dando la vuelta
como a un calcetín al Estado Social y al modo de vida que hemos conocido en
nuestro país en los últimos 35 años.
Primero fueron los
derechos laborales, después los recortes a los servicios públicos, acompañados
de la bajada de los salarios y de las becas; seguidamente las privatizaciones y
los ataques a la calidad de la democracia, con su exponente reciente en la ley
Wert; posteriormente el retroceso en las pensiones; y ahora le toca al turno a
los ayuntamientos, para proseguir el próximo año con una nueva embestida ya
anunciada contra las comunidades autónomas. Esa está siendo su hoja de ruta.
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¿Podemos hacer algo?
El horizonte que se nos
presenta es bien oscuro y, ante el mismo, en modo alguno podemos permanecer
impasibles. Por eso hacemos un llamamiento a todos los/as carcabulenses para
que se informen y reaccionen ante esta agresión tan directa a su ayuntamiento
–como a todos los demás- y a toda la ciudadanía. No se trata de una simple
confrontación más de opiniones partidistas habituales en el juego político. La
alarma está justificada.
¡CARCABULENSE, INFÓRMATE Y ACTÚA!
¡PARTICIPA EN NUESTRA CAMPAÑA DE DEBATE Y OPOSICIÓN A
ESTA LEY!
¡ACUDE
A NUESTRO ACTO PÚBLICO
EL PRÓXIMO JUEVES, DÍA 31!
(El acto, inicialmente previsto para el miércoles, se retrasa un día y finalmente tendrá lugar el próximo jueves, día 31)
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