Cientos
de miles de personas, convocadas por la Cumbre Social, formada por sindicatos y
colectivos sociales de toda España, ocupamos ayer las calles de Madrid para protestar contra los recortes del
gobierno.
Un
gobierno que, en unos meses, ha producido una fractura social sin precedentes
desde el inicio de la democracia, empobreciendo a los trabajadores y deteriorando
sus derechos laborales, devaluando el Estado de Bienestar, haciendo más difícil
la vida a los parados/as y a los pensionistas, agrandando la desigualdad entre hombres
y mujeres, abandonando a las personas dependientes y a quienes tienen que
atenderles, criminalizando a los inmigrantes, eliminando la cooperación al
desarrollo…
Un
gobierno que arrincona a la cultura, deteriora los servicios públicos, dañando a
la educación y la sanidad públicas, que niega derechos y libertades y, en una
acusada deriva autoritaria, amenaza de ilegalización a organizaciones críticas
como FACUA…
Un
gobierno sin ideas que ha debilitado la
investigación y la ciencia y se ha olvidado de la inversión pública y que,
obsesionado con el déficit y con ganar la confianza de los mercados financieros
y de la Unión Europea, está frenando la recuperación económica con medidas como
la subida del IVA y haciendo crecer el paro, que es ya alarmante entre los
jóvenes a los que les está negando el presente y el futuro...
Un gobierno que nos hace temer por nuevos
recortes sociales como condición a un rescate que ya se da por seguro.
Un gobierno que no nos impone todos estos
sacrificios de modo coyuntural y pasajero para salir de la situación económica actual,
sino que utiliza la crisis y la profundiza para conseguir un cambio de modelo
social por el que ha apostado y que nos llevará a una sociedad más injusta y con
síntomas preocupantes de autoritarismo político.
Un gobierno, en definitiva, que ganó las
elecciones con un programa totalmente contrario al que está aplicando,
prometiendo la recuperación económica, la creación de empleo, el respeto a las
conquistas de los trabajadores y la defensa del Estado de Bienestar, en lugar
de acabar con todo ello.
Por
eso esto no es una crisis, es una estafa.
Por
eso el gobierno no tiene legitimidad para aplicar estas políticas.
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